C- Reformas de Ley e iniciativas para mitigar el flagelo del narcotráfico, trata de personas, blanqueo de capitales u otros afines.
La Ley de Justicia Penal Juvenil (Ley 7576), la población penal juvenil
la conforman: “las personas que tengan una edad comprendida entre los doce
años y menos de dieciocho años al momento de la comisión de un hecho tipificado
como delito o contravención en el Código Penal o leyes especiales” (Asamblea
Legislativa de Costa Rica 1996, art. 1). En relación con las personas jóvenes
que cumplen la mayoría de edad en el transcurso del proceso de ejecución, la
Ley 7576 señala: “Igualmente, se aplicará cuando los menores de edad sean
acusados después de haber cumplido la mayoridad penal, siempre y cuando el
hecho haya ocurrido dentro de las edades comprendidas para aplicarles esta ley”
(Asamblea Legislativa de Costa Rica, 1996, art. 2) (Araya, 2025, pág. 61).
En la actualidad han ido creado reformas legislativas para mitigar los
efectos de violencia asociadas al narcotráfico, el sicariato y la economía
ilegal que está expandido en todos los cantones y distritos del país. aun así,
con la nueva ley contra la delincuencia organizada que ha sido implementada y
firmada por el presidente a modificado sustancial el fortalecimiento en la
jurisdicción especializada que buscan una mejoran en la capacidad del sistema
judicial para investigaciones o los diferentes casos complejos.
La Ley Nº 10.369 contra el crimen organizado con
esta reforma se quiere ampliar los plazos de investigaciones, prisión
preventiva, tiempos procesales, reconociendo que los casos que se presentan el
crimen organizado, estructura en red de los grupos criminales y la dificultad de recolectar pruebas en especial en el rastrero financiero y patrimonial.
Con estas reformas, el ejecutivo, legislativo y el poder judicial que se
han creado para mejorar las capacidades de supervisión financiera y cerrar brechas
normativas que todavía facilitan el movimiento de capitales ilícitos. En Costa
Rica ha comenzado a ajustar su marco normativo para enfrentar un crimen
organizado más sofisticado y agresivo. La reforma a la Ley contra la
Delincuencia Organizada, la ampliación de facultades para la investigación
financiera, la incorporación de delitos ambientales como parte de las economías
criminales, los esfuerzos por transparentar beneficiarios finales y la
discusión de una ley de recompensas constituyen pilares de un proceso más
amplio de modernización institucional.
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